El Parlamento chavista aprobó por unanimidad una ley que controlará los organismos no gubernamentales por la vía judicial, al igual que lo hizo el mandatario Daniel Ortega en Nicaragua.
Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de oenegés, aprobada por el Parlamento el jueves, al considerar que «profundizará la persecución» de críticos del presidente chavista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El congreso unicameral controlado por el Ejecutivo votó unánimemente a favor de esta ley, que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro que será manejado por el Ministerio de Interior y hacer una «relación de donaciones» para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.
Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras la crisis por las denuncias de fraude en su reelección el pasado 28 de julio. Protestas que estallaron la noche de los comicios dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Es «un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (…), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos», criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.
«Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico».
La ONG Acceso a la Justicia, por su parte, consideró en X esta ley como un «golpe definitivo contra la sociedad civil organizada y el espacio cívico en Venezuela».
Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que se trata de «una norma que concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil».
Las oenegés han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.
Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios del gobierno, que suelen acusarlas de funcionar como «fachadas» para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.
Esta ley, de hecho, fue planteada en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien acusó a más de 60 oenegés de «desestabilizar» el país. La aprobación fue pospuesta en dos ocasiones en medio de críticas.
DW / gs (afp, efe)
