La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido este martes abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 por presuntamente violar los topes de financiación permitidos por la ley. Los señalados en la ponencia son el propio presidente Petro, entonces candidato; el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Todos señalados “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.
La ponencia fue impulsada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, miembro del partido uribista Centro Democrático. El CNE no es un tribunal sino un organismo administrativo, compuesto por políticos que fungen como magistrados. Es decir que varios de sus nueve magistrados son, como Prada, antiguos parlamentarios. No todos están alineados con la oposición, algunos están alineados con el presidente, pero la mayoría, 7 magistrados, votaron a favor de la ponencia de Prada. Solo dos, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, salvaron su voto.
De acuerdo al CNE, la campaña omitió, para la primera vuelta electoral en las presidenciales: aportes realizados por el sindicato de profesores, conocido como FECODE, por 500 millones de pesos; aportes realizados por el sindicato obrero, conocido como USO, por 379 millones de pesos; un préstamo realizado por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, por 500 millones de pesos; reportar los pagos a testigos electorales, por la suma de 921 millones de pesos; los gastos por propaganda electoral, por la suma de 356 millones de pesos; los pagos al movimiento Colombia Humana, por 500 millones de pesos. La decisión del CNE también aclara que era prohibido que personas jurídicas, como Fecode y la USO, aporten a las campañas.
Luego estarían las irregularidades para la segunda vuelta presidencial, de acuerdo al CNE. Entre estas: omitir el pago que hizo la campaña el 19 de junio para celebrar la victoria en el Movistar Arena de Bogotá (que costó 100 millones de pesos); no reportar pagos a testigos electorales (177 millones de pesos); no reportar gastos de transporte aéreo (926 millones de pesos); no reportar gastos a Colombia Humana (530 millones de pesos); no reportar aportes realizados por la USO (379 millones de pesos).
En total, las irregularidades de las dos vueltas presidenciales sumarían 5.355 millones de pesos, lo que suma algo más de un un millón de dólares (alrededor de $1.269.000).
“Ha comenzado el golpe de Estado”, respondió el presidente al conocer la noticia. Petro ha dicho, desde que se conoció la ponencia del magistrado Prada hace varios meses, que este es un intento para destituirlo. El CNE no tiene esa facultad, y la máxima sanción que podría imponer es una multa. Solo el legislativo podría destituirlo, si es que hay una acusación formal ante la Comisión de Acusaciones, y una aprobación luego en la Cámara de Representantes para que el presidente sea juzgado en el Senado. Un camino largo, pero para el presidente la decisión del CNE este martes es el primer paso en esa dirección.
Información via El País.
