Familiares de adolescentes detenidos tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio se presentaron en la sede de UNICEF en Venezuela. Su objetivo fue entregar un documento solicitando la mediación de la organización para lograr la liberación de los menores, así como la verificación de las condiciones en las que se encuentran recluidos.
El documento destaca que, de los 142 menores inicialmente capturados, 70 siguen en prisión bajo condiciones que se describen como «deplorables e inhumanas», lo que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos. Los familiares denunciaron problemas graves como el hacinamiento, la falta de acceso a atención médica adecuada, alimentación insuficiente y la ausencia de protección contra abusos físicos y psicológicos.
Nérida Ruiz, madre de uno de los adolescentes, compartió la angustiante experiencia de su hijo, quien fue arrestado el 31 de julio y enfrenta cargos de terrorismo y resistencia a la autoridad, acusaciones que ella niega rotundamente. Por su parte, Katherine Martínez relató que su hija de 17 años fue detenida el 4 de agosto simplemente por estar en un grupo de WhatsApp, y ahora enfrenta una posible condena de 10 años por incitación al odio.
Los familiares hicieron un llamado urgente a UNICEF para que intervenga en esta crisis, resaltando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta inmediata para garantizar la liberación de los menores y mejorar sus condiciones de detención.
Los allegados de los menores -acusados de terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos- explicaron que estas condiciones “incluyen hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación deficiente y falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos”.
Katherine Martínez explicó que su esposo fue citado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a donde acudió el día 4 de agosto junto a su hija, de 17 años, quien fue detenida en el lugar.
“Fuimos a acompañarlo (a su esposo), nos hicieron entrar al CICPC (..). Nos dijeron: ‘es ella la que se queda porque está en un grupo de WhatsApp’. Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp”, aseguró, sin precisar los motivos de la citación a su esposo.
Martínez señaló que “están pidiendo para ella 10 años (de cárcel)” por el delito de “incitación al odio”.
Según el Gobierno, durante la crisis poselectoral se registraron 27 muertes, de las que las autoridades responsabilizan a la oposición, y más de 2.400 personas fueron detenidas.
