Un juez federal declaró ilegal este jueves un programa de la Administración Biden que permitía que los inmigrantes no autorizados casados con ciudadanos estadounidenses pudieran obtener un estatus legal en Estados Unidos, además de una vía más simple hacia la ciudadanía estadounidense.
El presidente Biden había anunciado el programa en junio.
La política ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal, que cumplan ciertos criterios, una vía hacia la ciudadanía mediante la solicitud de una tarjeta verde y tras permancer en Estados Unidos mientras se realiza el proceso. Tradicionalmente, el proceso podía incluir una espera de años fuera de Estados Unidos, causando lo que los defensores afirman que equivale a “separación familiar”.
El programa, bautizado por la Casa Blanca como Keeping Families Together (Mantener a las familias unidas), ofrece una forma de alivio legal conocida como parole in place a aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, y les permite solicitar más fácilmente la residencia permanente y la ciudadanía. Los estados republicanos, encabezados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentaron el viernes una demanda para poner fin al programa.
Los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la legalización de su situación, pero normalmente tienen que salir primero del país, arriesgándose a una separación que puede durar años o incluso ser permanente. Por eso, muchos optan por seguir indocumentados. El programa parole in place les permite solicitar la green card y, en última instancia, la ciudadanía sin salir del país.
Los solicitantes deben demostrar que han vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos durante 10 años y que estaban casados con un ciudadano estadounidense antes de que se anunciara el programa el 17 de junio. También deben pasar un control de antecedentes penales: los delitos graves descalifican, al igual que una serie de otros como la violencia doméstica y la mayoría de los relacionados con drogas.
Un grupo de 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaron el programa el pasado 23 de agosto en una demanda en la que alegaban que la política fomentaría la inmigración ilegal.
Los estados que demandaron al Gobierno federal fueron Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Telemundo
