A los esfuerzos por controlar la migración se suman Chile y también Perú, el segundo país con más presencia de venezolanos en la región.
La situación en Venezuela se complica, y no solo desde el punto de vista político. Las elecciones del pasado domingo y la sombra alargada del fraude electoral por parte del régimen han desatado protestas y disturbios que, con todo, dejan un punto importante a tener en cuenta: los movimientos migratorios. De nuevo, la inestabilidad del país provoca que se puedan dar desplazamientos masivos hacia los vecinos, y algunos de ellos ya se están preparando para esta eventualidad. Es el caso de Chile, Brasil o Colombia.
Si bien ha habido personas venezolanas que han retornado a su país de origen, persiste la salida de refugiados y migrantes de Venezuela a países vecinos y al resto del mundo; de hecho, de acuerdo con datos proporcionados por los gobiernos -y actualizados a septiembre de 2023-, la cifra ya superó los 7,7 millones a nivel mundial.
Asimismo, hay más de 1 millón de solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo y más de 230.000 venezolanos reconocidos como refugiados. Por tanto, un número considerable de personas requiere protección internacional y asistencia humanitaria, explican desde ACNUR, la agencia de la ONU para ayuda a los refugiados. La situación, a medida que la tensión aumenta en Venezuela, solo tiene visos de empeorar, toda vez que además la cifra de detenidos en las protestas supera los 1.200 y ya hay al menos 20 fallecidos.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,7 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela «debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos», según explican desde Amnistía Internacional.
Chile ya apuesta por un plan
En ese escenario, Chile ya se prepara. El Gobierno de Gabriel Boric ha sido uno de los más críticos con Maduro tras las elecciones, tanto que se les ha retirado la representación diplomática de Venezuela. Mientras, el Ejecutivo ha decidido elaborar un operativo que incluye fortalecer el control fronterizo y coordinación con los otras naciones de la región.
En Chile, con al menos 700.000 personas venezolanas en su territorio, la implementación de la más reciente medida de regularización, destinada a las personas en situación migratoria irregular independientemente de su nacionalidad, fue implementada en 2021. «No existe ningún programa de protección temporal o complementaria para personas venezolanas», explican. Amnistía Internacional observa con suma preocupación que las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de auto-denuncia y el examen de preadmisibilidad de las solicitudes de asilo, que
«Seguramente vamos a tomar decisiones que tienen que ver con fortalecer nuestra capacidad como Estado, en materia de infraestructura en la frontera, en materia de equipamiento y tecnología», expresaron desde el Gobierno de Boric, tras una reunión de urgencia en el Ministerio del Interior. A la vez, mantendrán reuniones constantes, dijeron, con Colombia, Perú y Ecuador para la gestión de la situación. El objetivo, avisan desde Chile, pasa por «centralizar todos los esfuerzos» y aprender del pasado: «La ola más grande que hubo en el pasado fue precisamente después de las elecciones presidenciales del 2018», recordaron.
Colombia, el mayor foco
No es muy diferente el caso de Colombia, que acoge a la mayor cantidad de migrantes y refugiados de Venezuela, con más de 2,8 millones de personas en enero de 2024, tal como apuntan las cifras de Naciones Unidas. El Estudio de Impacto Fiscal de la Migración Venezolana en Colombia: Realidad versus Potencial, muestra que el impacto fiscal en 2022 representó casi un 2% del total de ingresos fiscales totales en ese país y se proyecta un potencial aumento que alcanzará la cifra de 804,3 millones de dólares con la total regularización de venezolanos en 2023.
En Colombia, donde viven unos 2,9 millones de venezolanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en 2018, que fue reemplazado en el 2021 por el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV). Si bien este permiso otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años, les autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación, no establece garantías de protección frente a la devolución a Venezuela. También preocupan los requisitos documentales de difícil cumplimiento, límites temporales excluyentes, demoras importantes en la tramitación de solicitudes, y la aparente incompatibilidad entre el ETPV y solicitudes de refugio. De hecho, algunas autoridades colombianas ya avisan: «A estas alturas Colombia debe prepararse para recibir la avalancha de millones de venezolanos que habrán perdido toda esperanza de cambio».
También es importante el caso de Perú. El país alberga a unos 1,5 millones de venezolanos, en 2021 las autoridades implementaron el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que habilita legalmente a las personas a estudiar y, en teoría, a trabajar. Sin embargo, la protección que ofrece en la práctica es limitada. Se ha reportado que pocas instituciones reconocen y aceptan este documento y no protege a las personas venezolanas contra la devolución, ni les garantiza el acceso a servicios de salud.
En Ecuador, con aproximadamente 475.000 personas venezolanas en el país, desde 2022, el gobierno implementó la Visa de Residencia Temporal de Excepción para ciudadanos venezolanos (VIRTE). Esta visa otorga el derecho de trabajar, así como de acceder a los servicios de salud y educación. Sin embargo, la investigación muestra que los requisitos de costo y haber ingresado al país por pasos habilitados antes de junio de 2022 limitan la accesibilidad a esta forma de protección temporal.
Ahora todavía no se manejan cifras de cuántos venezolanos pueden salir del país en las próximas semanas, según explica de nuevo Amnistía Internacional, dada la delicada situación, pero hay que tener en cuenta también que muchos residentes en el extranjero no pudieron votar en las elecciones por culpa de las trabas del régimen chavista. Venezuela cuenta actualmente con una población de aproximadamente 29,4 millones de personas, de las cuales 21,4 millones podían teóricamente votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, debido a los diversos requisitos impuestos por el Gobierno para el registro electoral en el extranjero, solo 69.211 venezolanos en el exterior estuvieron habilitados para participar en los comicios.
Brasil despliega tropas en la frontera
En Brasil tampoco se libraron de los problemas: de los siete consulados que Venezuela tenía en Brasil, cinco fueron cerrados entre 2019 y 2022 durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, y no reabrieron tras la normalización de relaciones, con la llegada de Lula da Silva al poder. En Brasil viven unos 125.000 venezolanos amparados por la Operación Acogida, y se estima que en los últimos seis años han ingresado otros 400.000, aunque muchos han seguido hacia otros países. De todos modos, es otro de los lugares que tiene en mente prepararse para hacer frente a otro éxodo masivo de venezolanos, que será mayor o menor en función de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos días.
En el caso brasileño el ejército ha reforzado la frontera en el estado de Roraima, según confirmó el Gobierno de Lula da Silva. Esta zona es una de las principales puertas de entrada para los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en su país, ya ha recibido a miles de migrantes. Solo en 2023, el 95% de los 71.198 extranjeros que buscaron refugio en Brasil eran venezolanos. Panamá, por su parte, ha aumentado el control de su espacio aéreo.
Por otro lado, España es el país europeo que más migrantes venezolanos acoge, incluyendo muchos líderes opositores que abandonaron Venezuela en los últimos años. Entre ellos están Dinorah Figuera, Antonio Ledezma, Diego Arria y Leopoldo López, quienes forman parte del comando de campaña español de María Corina Machado. En España, la población venezolana ha ido aumentando hasta superar las 400.000 personas, según datos del INE. De hecho, en el primer trimestre de 2024 es la tercera nacionalidad por número de llegadas, con 22.600 migrantes, por detrás de la marroquí y la colombiana.
