Esta semana, la Cámara de Representantes y el Senado del estado de Texas aprobaron un controvertido proyecto de ley que otorga al estado la facultad de arrestar, encarcelar y posiblemente deportar a inmigrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos desde México entre puertos de entrada legales.
El proyecto de ley, respaldado por el representante estatal republicano David Spiller, establece como delito estatal el ingreso sin autorización legal al país. Además, concede a la policía estatal y local la autoridad para arrestar a aquellos sospechosos de violar esta ley. Los jueces locales podrían, posteriormente, ordenar la deportación de estas personas.
«Texas tiene el derecho, la autoridad y la capacidad de proteger sus fronteras», afirmó el representante Spiller al Wall Street Journal. Sin embargo, el senador estatal republicano Brian Birdwell, presidente del Comité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas, votó en contra del proyecto. A pesar de haber redactado versiones anteriores, Birdwell expresó su preocupación por el precedente que podría establecerse al invalidar la obediencia a la Constitución, argumentando que solo el gobierno federal tiene la autoridad para ordenar deportaciones.
La controversia se ha intensificado, ya que más de dos docenas de ex jueces de inmigración, nombrados por administraciones tanto republicanas como demócratas, han firmado una carta abierta oponiéndose al proyecto. En la carta, argumentan que la ley propuesta es inconstitucional y podría socavar las protecciones fundamentales establecidas en la Constitución y el debido proceso.
«La ley propuesta debería ofender a quienes valoran nuestras protecciones constitucionales», afirma la carta. «Y los legisladores deberían considerar las repercusiones a largo plazo de proclamar esencialmente que la Constitución, la ley federal y el debido proceso pueden simplemente ignorarse».
noviembre 22, 2024
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