Carolina del Sur busca reiniciar las ejecuciones utilizando la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento como métodos de pena de muerte. El estado afirma que las muertes «instantáneas o indoloras» no son obligatorias, lo que ha generado controversia y desafíos legales.
Los abogados de un grupo de condenados a muerte en Carolina del Sur, cuyas apelaciones se han agotado, han argumentado ante la Corte Suprema del estado que la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento son castigos crueles e inusuales. Mientras tanto, el estado defiende que las muertes «indoloras» no son obligatorias por ley.
En medio de esta controversia, 33 reclusos se encuentran en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. Aunque no ha habido una moratoria formal sobre la pena de muerte, el estado no ha llevado a cabo una ejecución en casi 13 años debido a la expiración de las drogas utilizadas para la inyección letal y la negativa de las empresas a vender más a menos que pudieran ocultar sus identidades al público.
Carolina del Sur sostiene que los tres métodos de ejecución son consistentes con los protocolos existentes, argumentando que las ejecuciones «instantáneas o indoloras» no son obligatorias por ley. Durante una audiencia, los jueces cuestionaron si el pelotón de fusilamiento debería considerarse un castigo inusual prohibido, dada su escasa utilización en los últimos 50 años en Estados Unidos.
Si los jueces permiten que se reanuden las ejecuciones y las apelaciones adicionales no tienen éxito, la cámara de la muerte de Carolina del Sur podría comenzar a recibir reclusos nuevamente después de no utilizarse desde mayo de 2011.
Los abogados de los reclusos argumentan que la ley de ejecución de Carolina del Sur es más secreta que la de cualquier otro estado, y cuestionan la falta de transparencia sobre el nuevo fármaco y el protocolo utilizado para matar a los reclusos. También expresan preocupación sobre la potencia, pureza y estabilización de las drogas inyectables letales.
En septiembre, los funcionarios penitenciarios anunciaron que ahora tienen el sedante pentobarbital y cambiaron el método de ejecución por inyección letal de tres drogas a una sola. Sin embargo, los abogados de los prisioneros solicitan más información sobre el suministro y las pruebas de las drogas, argumentando que la falta de transparencia sobre cómo sería ejecutado un preso es inusual.
La situación continúa generando debate y desafíos legales, con los jueces cuestionando la limitada ley de protección y sugiriendo exigir explicaciones sobre el uso de las drogas por parte del director de prisiones.
Carolina del Sur busca reiniciar las ejecuciones con métodos controvertidos, lo que ha desencadenado un intenso debate sobre la pena de muerte y la transparencia en el proceso de ejecución.
